El lado feo de Embarazo Forzado

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Un otro informe del PNUD publicado esta semana documentó el incremento del embarazo joven durante las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19. En este renglón hay mucho por hacer en América latina para achicar hasta erradicar que adolescentes se conviertan en mamás de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, entonces que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo ponen como alguien superior. Si bien pasen los días, incluso meses, se debe tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.

“El embarazo temprano se considera un problema por el hecho de que perjudica de manera negativa diferentes puntos de la vida de quien lo experimenta ya que es muy probable que abandonen los estudios, por lo tanto, sus oportunidades de tener un trabajo aceptable se dismuyen y se vuelven más dispuestas a permanecer en condiciones de pobreza y exclusión”. La jurista mencionó que tiene esperanza en “la determinación colectiva de la comunidad en todo el mundo de poner fin a la impunidad” de los delitos juzgados, “incluidos los sexuales, por razón de sexo y los crímenes contra los niños”.

Presentan Diputados De Morena Iniciativa Para La Interrupción Legal Del Embarazo En Casos De Violación

que forman parte de las acciones de la segunda etapa de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y tienen como objetivo ayudar a la reducción de la tasa de fecundidad entre mujeres de 15 a 19 años y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos. La crueldad contra mujeres y pequeñas pertence a las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras de todo el mundo de hoy sobre las que apenas se comunica debido a la impunidad de la que disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Las pequeñas y adolescentes víctimas de violencia sexual van a poder recurrir a la interrupción del embarazo sin precisar presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. Desde estas consideraciones, el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Crueldad familiar, sexual y contra las mujeres para que las víctimas de crueldad sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una demanda penal. Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida y Save the Children, ser madre a tan corta edad no es resolución de las pequeñas y que hay la oportunidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y crueldad sexual por hombres mayores cercanos, familiares, amistades o vecinos.

Ambos hechos son populares por la opinión pública, pero asimismo han ocurrido otras muertes violentas de niñas y jovenes en Guatemala y otros países. Lo importante, en cualquier caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas responsables de esos femicidios/feminicidios, tal como la demanda de trato digno a todas y cada una de las niñas y adolescentes que ejercitan su derecho a opinar y a decidir.

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• Por otro lado, las opiniones sobre la maternidad conservan a la mujer en el rol de madre, que puede significarse no como un hecho natural, sino más bien como una construcción cultural compuesta por alegatos y prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y vigoroso que es, a la vez, fuente y efecto del género46 y de discriminaciones a causa de este.

Otro de los retos -agregó el subsecretario de Derecho Humanos Población y Migración— es el movimiento interno forzado en las zonas más pobres de México, el que alentado por la marginación, falta de empleo, servicios de educación y salud, y naturalmente, la violencia. Otro de los retos -agregó el subsecretario- es el movimiento interno forzado en las ubicaciones más pobres de México, el que ha sido alentado por la marginación, falta de empleo, servicios de educación y salud, y por supuesto, la violencia. La situación del ministro Genaro Góngora de la Suprema Corte, debería hacernos pensar a todos. Ni siquiera los más moralistas deberían tratar de obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación. Al definir el comienzo de la vida en el momento de la concepción, los políticos conservadores han tomado la resolución de que una mujer es una simple vasija que debe llevar en su vientre el producto de un embarazo aun cuando este haya sido forzado.

De igual forma que sucede con los prácticamente 100 casos cada un año en el que la madre es una pequeña de diez años y representa “una clara violación” si se consulta cualquier legislación vigente para las 32 entidades del país. Además, asegura que las cantidades sobre embarazo joven que se tienen varían mucho dependiendo del organismo que las recabe, la metodología usada, la calidad de los procesos y el tiempo en que se llevan a cabo. Los datos son tan ambiguos que “la cifra más acertada es la de 2011 […] la metodología nos comunica que se debe dejar una ventana de diez años”, asegura Vielma Orozco. Intentar medir la situación del embarazo adolescente mediante un censo sería muy caro. Hay aproximaciones para medir este fenómeno desde las respuestas básicas de la gente, en donde se pueden saber las edades y las vinculaciones, pero sería demasiado extendido, aseguró Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

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En su primer acercamiento sexual con el entonces comandante del ERS, la victima tenía quince años. En un principio se negó a ingresar a su tienda de campaña, pero fue forzada a hacerlo por guardas de seguridad. Mientras, el directivo general del Instituto Mexicano de la Juventud , Guillermo Santiago Rodríguez, resaltó el cambio de visión del Gobierno de México respecto a las juventudes y adolescencias, debido a la reorientación de la Enapea al reconocerles como sujetos de derecho y su aptitud de agencia, además de la implementación de mecanismos a fin de que logren acceder a educación integral en sexualidad. Sin evidencia acertada, organizaciones civiles alertan de casos como producto de una violación sexual por hombres próximos. Uno de 4 pobladores de América Latina y Caribe tiene entre 15 y 29 años de edad; en México, en 2020 está parte es de 25.5 por ciento – 32.6 millones de personas. En un país como Guatemala, donde se criminaliza la queja popular, se discrimina a quienes opínan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se ahondan las desigualdades, cabe indicar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas. 2Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres , “Niñas Madres.

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